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Desconocer la deuda externa para combatir la pobreza y la pandemia

*Por Mario Hernández


Ante la creciente crisis social, el Gobierno mantiene un fuerte ajuste a las jubilaciones y asignaciones. No hay IFE para los precarizados y desempleados. Con la pobreza superando el 42%, es urgente tomar medidas de fondo para recomponer los ingresos de la mayoría de la población.


Jubilaciones y AUH se hundieron entre un 10 % y 15 % en el último año


La nueva ley de movilidad (Ley 27.609) votada el año pasado fue acompañada de declaraciones del Gobierno que negaban se trate de un ajuste, pero los números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el primer trimestre del año, dejan claro el ataque sobre los jubilados, pensionados y aquellos que cobran asignaciones. Además los empleados estatales también se vieron perjudicados como parte del ajuste para poder cumplir con las exigencias del FMI.

En el informe presentado afirman que las asignaciones familiares y por hijo (a las cuales se destinó $ 125.855 millones) presentaron una disminución de 15,5 % en el primer trimestre, en comparación al mismo período del año pasado, teniendo en cuenta la inflación. La suba de precios que llegó al 13 %, en los primeros tres meses del año, fue superior al de las jubilaciones y pensiones que tuvieron un incremento de sólo 8,07 %, en marzo. Por esto el Estado destinó un 10,5 % menos, en términos reales, para los jubilados y pensionados (en el primer trimestre) que en 2020.

Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad en CABA, fue contundente: “a pocos meses de haberse cambiado la forma de cálculo de la movilidad vemos cómo los jubilados entre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo, vieron cómo perdieron respecto a la inflación general doce puntos más de poder adquisitivo de su haber”.

Desde el Gobierno afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales, que alcanzó un total $ 958.224 millones y tuvo una caída real de 8,3% en relación a igual período de 2020, fue compensado por la ampliación del Repro y el ATP, pero estas partidas representan una pequeña parte de lo recortado. Al programa Potenciar Trabajo se destinó $ 31.912 millones y a las Políticas Alimentarias $ 29.251 millones, al REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $ 10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue eliminado para 2021.

Por su parte, los recursos provenientes de la Seguridad Social sumaron $ 448.913 millones, lo que implicó una caída de 8,4% interanual. El informe señala que: “se verificaron caídas en la comparación interanual de la cantidad de aportantes al sistema y de la remuneración imponible» y agrega: «Por la baja en el empleo registrado y el atraso en los salarios nominales, desde junio de 2018 la masa salarial se ubica sistemáticamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor». Además en comparación con el 2020, lo destinado a los salarios de los empleados estatales cayó un 6,5 % (siempre teniendo en cuenta la inflación). Esto refleja el grave empeoramiento del empleo tanto privado como público.

Pese a la crisis económica, el alza de los precios internacionales de los alimentos, como la soja o la carne, generaron un crecimiento importante en lo recaudado por los derechos de exportación; pasaron de implicar el 12 % de los ingresos tributarios al 20 %. La suba podría

haber sido mayor si el Gobierno no hubiese otorgado una serie de beneficios a las grandes multinacionales exportadoras. Pero estos recursos no están siendo puestos en función de las necesidades de las grandes mayorías, cuando más del 42 % de la población se encuentra en la pobreza.

Alberto Fernández sólo anunció un bono de $ 15.000 para las familias del AMBA que cobran la AUH y los que integran las categorías más bajas del monotributo como paliativo ante las nuevas medidas de restricción a la circulación. Si el IFE que totalizó $ 30.000 en seis meses no pudo evitar la profundización de la crisis social, mucho menos lo hará esta medida limitada.

El Gobierno elige recortar las ayudas sociales para seguir ajustando el Presupuesto en función de las exigencias del FMI. Una deuda fraudulenta que no ha dejado de crecer a un ritmo acelerado en las últimas cuatro décadas y provocando un saqueo constante de los recursos del país. Las familias trabajadoras y los jubilados no pueden seguir pagándola a costa de pasar hambre, es urgente declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa y poner en primer lugar combatir la pandemia y la pobreza.


Si Mingo lo dice…


Domingo Cavallo afirmó que Martín Guzmán «puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado».

Cavallo dijo que: «un examen más detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone de manifiesto que el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos». También agregó como motivo: “la aceptación, hasta ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la tasa de inflación».

Pese a que desde el Gobierno repiten que están aumentando la ayuda social y que los jubilados no están perdiendo con la inflación, los números muestran otra cosa y un neoliberal como Cavallo ve con agrado esas cifras. Según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados para las jubilaciones en primer cuatrimestre del 2021 cayeron más de un 10 % en comparación con el mismo periodo del 2020 y las prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.

El autor del corralito analizó que: “El ministro Guzmán confía en que este comportamiento de las cuentas fiscales no empeore en los próximos meses, con lo cual podría llegar a sobre cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario. Eso le daría un importante argumento en la negociación con el FMI».

Cavallo concluyó su análisis alentando a Guzmán a mantener el ajuste en el tiempo y que no sea algo circunstancial, al opinar que “el curso de las cuentas fiscales no puede ser tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitaría la economía para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de éxito.”

Al respecto, señala el Lic. Héctor L. Giuliano en su artículo “Destino Emisión” del 8.5.2021: “[…]

La tríada Oficialismo-Clase Política-Medios está empeñada en hacerle creer a la Opinión Pública que el Estado Argentino financia su Déficit Fiscal con Emisión Monetaria cuando ello, estrictamente hablando, no es cierto:

– Primero, porque el Tesoro no se financia con el emisionismo del BCRA sino con el endeudamiento del BCRA, sin apelar entonces a una emisión monetaria directa y autónoma.

– Segundo, porque ni siquiera se llega hoy a financiar realmente el Gasto Público con emisión dado que la mayoría de la impresión de billetes se hace para sostener el costo del endeudamiento del BCRA -el pago de los intereses propios- antes que las necesidades financieras de la Tesorería.

Se está engañando al Pueblo Argentino vendiéndole la idea de que la culpa de todos los males de la Economía Argentina deviene de la Emisión Monetaria sin respaldo para financiar el Déficit Fiscal y que la misma es la causa de la Inflación cuando el verdadero problema de fondo es la Deuda… y la Inflación que generan los Intereses de dicha Deuda”.

El Frente de Todos pagó USD 10 millones diarios a organismos internacionales y otros Estados

El lunes 31 de mayo vencía la última cuota de la deuda con el Club de París por US$ 2.400 millones, el Gobierno decidió no pagarla por el momento buscando llegar a un arreglo para aplazarla dentro de los 60 días previstos en el acuerdo firmado por Axel Kicillof en 2014 con el organismo.

La gestión del Frente de Todos viene optando por abonar todos los compromisos internacionales. Hasta el mes de abril, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), fueron destinados más de US$ 6.000 millones para el pago de préstamos en moneda extranjera (sumando los intereses y las amortizaciones) con organismos multilaterales de crédito y otros Estados.

Alberto Fernández no se cansa de repetir que no quiere hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre el pueblo, pero mientras sigue priorizando el pago de la deuda externa la pobreza alcanza a más del 45 % de la población. Tampoco dejó de hacer crecer el endeudamiento. Desde principios del año pasado la deuda externa acumuló un crecimiento de US$ 25.202 millones, acumulando un total en abril de US $338.501 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas.

De no llegar a un acuerdo con el Club de París, al país se le cobraría una tasa del 9% en dólares retroactiva a mayo 2014 por el saldo a pagar, lo cual elevaría sustancialmente una vez más el monto total. Una deuda con una porción importante que corresponde a la dictadura militar y que Kicillof, cuando era ministro de Economía, aceptó casi se duplique al pasar de US$ 5.000 millones a US$ 9.600, una estafa sin final.

Con el FMI en el informe de abril (de la Secretaría de Finanzas) lo adeudado ascendía a U$S 45.827 millones, constituyendo uno de los pesos más grandes que carga el Estado. Durante 2020 los pagos de interés a organismos multilaterales, totalizaron US$ 1.994 millones, de los cuales el 65% (US$ 1.306 millones) corresponden al préstamo Stand By del FMI; otros 300 millones de dólares fueron destinados en mayo para el mismo fin.

Para hacer frente a estos pagos y mostrarse “sustentable” a futuro el Frente de Todos viene llevando adelante un duro ajuste que más allá de las diferencias internas todos sus legisladores aprobaron con el Presupuesto 2021 que fue votado en el Congreso. En el primer cuatrimestre del año el resultado primario (sin tener en cuenta los pagos de deuda) de la administración pública nacional arrojó un déficit de apenas 0,2 % del PIB, contra 1,42 % en igual período de 2020; siete veces menos. Para lograrlo recortaron las jubilaciones en más de un 10 % y las prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.


El Mapa argentino de la pobreza


Bajo este título, el informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) analiza cómo impacta la pandemia en las provincias argentinas. Claudio Lozano, integrante del Instituto, afirma: “El impacto social de la pandemia quedó reflejado en la información del INDEC para el segundo trimestre del 2020. 21 millones de pobres y casi 6 millones de hambrientos. Esta dramática situación se distribuye en las diferentes regiones y provincias del país”

El economista de la CTA Autónoma y Diputado Nacional (MC), aseveró que “cinco provincias superan la tasa de pobreza registrada a nivel nacional (47%), encabezadas por la Provincia de Buenos Aires (53,9), seguida por Chaco (50,8%), Salta (49,9%), Río Negro (48,4%) y Neuquén (47,5%). Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Salta superan el promedio nacional en niveles de indigencia”.

“En este marco, y con estos datos, resulta inentendible que el Gobierno aún dude respecto a la necesidad o no de pagar el IFE 4 y que el proyecto de Presupuesto Nacional no incluya el IFE, no avance hacia un salario universal para la población en situación de desempleo e informalidad y que frente al aumento del hambre se reduzca la inversión de recursos públicos en los programas alimentarios”, remató Lozano.


Las brechas


Los resultados aquí presentados expresan las desigualdades estructurales que a nivel regional atraviesan las familias que habitan el suelo argentino, producto de las cuales el hecho de residir en una u otra provincia influye en la probabilidad de alcanzar umbrales materiales de vida que aseguren una reproducción en condiciones adecuadas. En efecto, mientras la información más reciente indica que hay provincias donde al menos la mitad de la población es pobre, en otras jurisdicciones este guarismo desciende a un tercio de la población o incluso menos. Asimismo, la magnitud de la indigencia llega a quintuplicarse en las provincias más golpeadas respecto a aquellas que alcanzan niveles más bajos.

Por otra parte, este documento aporta un análisis de la evolución que experimentaron estos indicadores en el último período, lo cual adquiere especial relevancia a fin de mensurar los efectos que provocó la irrupción de la pandemia en las distintas jurisdicciones. De esta manera, este informe complementa el análisis de los resultados de pobreza e indigencia a nivel nacional que publicamos previamente.

La emergencia socioeconómica y sanitaria generada por la llegada del coronavirus, impactó sobre un cuadro social que ya se encontraba en estado crítico, a causa del acelerado proceso de pauperización experimentado desde el año 2018 y los elevados niveles de informalidad y precariedad que alcanzó el mercado de trabajo en los últimos años. Desde mediados de marzo del 2020, la situación epidemiológica y las medidas de prevención adoptadas comenzaron a tener un fuerte impacto, como era esperable, tanto en la actividad económica como en la situación laboral. En el segundo trimestre, el PBI se contrajo un 16,3%, al tiempo que el empleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2002, lo cual se tradujo en una pérdida de 3,7 millones de ocupaciones respecto al primer trimestre.

En los cuatro años de Cambiemos los trabajadores perdieron un cuarto de su poder de compra.



Fuente: Resumen Latinoamericano

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